Comité de Ministros: un freno a la inversión

Diario Financiero informó hace unos días que hay 10 proyectos de inversión, por cerca de US$ 1.500 millones, que están pendientes de aprobación por retraso en el Comité de Ministros, en donde el plazo promedio de los recursos de reclamaciones es de 260 días, lo que es cuatro veces lo que dicta la norma, existiendo proyectos que están a la espera desde hace años.

Esta instancia se implementa a partir del articulo 20 de la ley 19.300, donde se establece que en la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un comité integrado por los ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los ministros de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía, y de Minería.

Su valor agregado es escaso, el retraso que ocasiona considerable y el riesgo de captura política es sustancialmente alto.

Esta instancia no sólo ha acumulado reclamos crecientes por los plazos involucrados, sino también por una paulatina politización de sus decisiones. Un momento critico en esta materia lo generó en su momento la renuncia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y del subsecretario de Hacienda, Alejando Micco, en donde, sin contar con el tiempo necesario para evaluar los antecedentes y sin las condiciones para emitir una opinión fundada, fue puesto en tabla el proyecto minero Dominga con un aparente mandato político de rechazo.

Este fenómeno no sólo ha afectado al Comité de Ministros, sino también a las comisiones regionales. Para ello basta recordar cómo la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, el 18 de abril de 2022, rechazó una iniciativa y paralizó la construcción de un proyecto inmobiliario en Ñuñoa, que ya llevaba un 30% de avance en inversión y que obligó a la empresa a acudir a la Corte Suprema, en donde finalmente se revirtió la arbitraria decisión.

En numerosas ocasiones, incluyendo en la actual administración, se ha planteado la eliminación de estas instancias, dado que el valor agregado es escaso, el retraso considerable y el riesgo de captura política es sustancialmente alto. Esta reforma legal sin duda no es una “bala de plata” y se requiere un enfoque más integral que incluya otras medidas, pero al menos podría ser tramitada con discusión inmediata, dado el grado de consenso que genera.